Los servicios y unidades de gestión de la investigación de
las universidades españolas vienen sufriendo estos últimos años una sobrecarga
de trabajo creciente. Esta podría ser hasta una buena noticia si fuera reflejo
de un aumento en el número de proyectos de investigación o de las cantidades a
gestionar. Nada de eso ocurre: por desgracia es consecuencia de un incremento
de la carga de trabajo que suponen las cada vez más asfixiantes exigencias en
la justificación económica de los proyectos y en las auditorías posteriores.
De forma sistemática se solicitan devoluciones de
cantidades, en ocasiones irrisorias, por gastos supuestamente mal justificados
y que tras la correspondiente alegación se quedan en la mayoría de los casos en
una pérdida de recursos y de tiempo para un buen puñado de empleados públicos.
Podrá decirse que si la justificación de gasto se hubiese hecho correctamente
desde un principio, no se habría producido tal dispendio de recursos y tiempo,
pero lo cierto es que cuando se audita un proyecto se aplican la mayor parte de
las veces criterios nuevos sobre proyectos de investigación ejecutados hace más
de un lustro, y para los que las reglas eran diferentes.
A ello se añade que los auditores suelen pertenecer a empresas
subcontratadas por el Ministerio cuyo conocimiento de la Administración Pública
es escaso, y el de la investigación más bien nulo.
Por encima de todo, lo que resulta verdaderamente triste y
frustrante es que nadie se preocupe de evaluar los resultados científicos de
los proyectos de investigación, o de si estos guardan relación o no con la financiación recibida. El foco se pone,
por ejemplo, en averiguar por qué un investigador ha dedicado cuatro días a un
congreso que dura tres, sin reparar en que gracias a ello el viaje resultaba
más barato.
Sin cuestionar por supuesto la necesidad de justificar y
auditar adecuadamente el gasto público, a muchos nos parece que esto no deja de
tener un fin puramente recaudatorio, que solo añade más frustración a todos los
que nos dedicamos a la investigación. Debe ser que el afán controlador y
fiscalizador es inversamente proporcional a los fondos que se destinan a las ayudas (o rescates) a tenor
que lo que ha ocurrido con la Banca. Por cierto, hemos tenido inspecciones en
las que ha tenido que ser un banco el que certifique que un becario ha recibido
su nómina, sin que la firma del Gerente de la UPNa fuera garantía suficiente de
haberle pagado. Está claro que los bancos son para el Gobierno más de fiar que las
Universidades.
