¿Estudiantes o Investigadores?

La prensa se ha hecho reflejo estos días del caso de un doctorando que padece una importante discapacidad y al que la Seguridad Social le ha reclamado la devolución de una prestación familiar, que recibe en virtud de su discapacidad, por considerarla incompatible con la percepción de su salario como investigador en formación.

Sin entrar en la cuestión de si es justa o no la percepción de ambos ingresos, y sin cuestionar el inmenso mérito que supone realizar la tesis doctoral en las condiciones en que lo hace éste joven, sí que me gustaría referirme a la argumentación de su abogado defensor en favor del cobro del contrato doctoral y de la prestación familiar.

De acuerdo con lo que la prensa refleja, el abogado defiende que la percepción es un “contrato de investigación no equiparable a un trabajo”,  que es un “trabajo no lucrativo”, como demuestra que es “un estudiante que paga su matrícula”. Estas argumentaciones vienen a negar todos los avances que se han producido en cuanto a la consideración del trabajo de un doctorando. En primer lugar cabe recordar que el Estatuto del Personal Investigador en Formación modificó la figura de los hasta entonces becarios de cuatro años en becarios de solo dos años (cotizando también a la SS), a los que seguía una fase de contrato de otros dos años. Con eso se venía a reconocer que el doctorado consta de una primera fase formativa (una beca solo se justifica si la actividad es eminentemente formativa), seguida por otra en la que el doctorando ya desarrolla una actividad productiva, con lo que procedía un contrato. Recientemente, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación obliga a que todo el periodo de la formación doctoral esté cubierto mediante un contrato predoctoral, extendiendo por tanto la concepción de trabajo productivo a todo el periodo de la tesis.

Por otra parte el hecho de que los doctorandos paguen una matrícula no implica su condición de estudiantes. En la medida en que están sujetos a procesos académicos antes de presentar su tesis, y que se benefician de servicios y de formación de la universidad, independientemente de la entidad que pague su salario, es lógico que tengan que matricularse y pagar las tasas correspondientes.  A mayor abundamiento, el Real Decreto de Doctorado de febrero de 2011, se refiere a los doctorandos como “investigadores en formación”, renunciando explícitamente a considerarlos estudiantes.

Una persona tan capaz, con tantas dificultades añadidas, debe recibir el máximo apoyo pero no parece que la argumentación de la defensa sea la más acertada y desde luego, caso de ser atendida, supondría desde mi punto de vista un retroceso en los avances que se han producido en la consideración de los doctorandos. 

El precio de la información

Un millón y medio de euros (1,5 M€) es lo que le cuesta a la Universidad Pública de Navarra la suscripción anual a revistas científicas y bases de datos, una cantidad nada despreciable comparada con los aproximadamente veinte millones de presupuesto de gasto total (descontando personal). Todo investigador sabe que el acceso a la información científica, actualizada,  es condición necesaria para poder hacer investigación, sea cual sea el ámbito de conocimiento. Por tanto, la necesidad de mantener el acceso a las publicaciones científicas es absolutamente incuestionable, y sería sin duda el último lugar en el que cualquier científico se plantearía hacer el mínimo recorte.

Sin embargo, el debate surge cuando uno analiza por qué resulta tan caro mantener el acceso a las revistas científicas. Las revistas se nutren de un material, los artículos, que los investigadores producimos como fruto de nuestra investigación y por el que no percibimos un solo euro de las editoriales. Por otra parte, quienes se encargan de mantener el nivel científico de esas revistas somos los propios investigadores que, en nuestro papel de revisores (el conocido sistema “peer review”), valoramos los artículos que nuestros colegas escriben, y también sin cobrar. Además, los comités científicos de las revistas se componen de reconocidos académicos o investigadores que, en general, no reciben remuneración alguna. Por si todo esto fuera poco algunas publicaciones de prestigio se permiten además cobrar a los autores en concepto de “contribución a los costes de publicación”. De ahí que, por muchas explicaciones que quieran darnos, resulta difícil entender lo elevado de los precios del acceso a toda esta información, y menos aún ciertas políticas de las editoriales que, en régimen casi monopolístico, nos obligan a comprar paquetes de revistas en los que se incluyen un buen número de títulos que no nos interesan. La crisis económica ha puesto más al desnudo estas contradicciones, más dramáticas si cabe con el intento por parte de la mayoría de editoriales de elevar los precios en porcentajes inasumibles, en torno a un 5%, cuando sus beneficios no dejan de crecer.

De ahí que no es de extrañar que haya surgido un movimiento entre los investigadores (ver por ejemplo http://thecostofknowledge.com/), que va tomando fuerza, de no colaborar con determinadas editoriales, no enviando artículos, no actuando de revisores y negándose a pertenecer a los comités editoriales. La noticia publicada en The Economist (http://www.economist.com/node/21545974), de la que he tomado el título para esta entrada, refleja muy claramente esta situación. Relacionada con esta actitud está también la pujanza creciente de las revistas con acceso abierto (“Open Access”) que se financian con otros medios (por ejemplo cobrando a quien publica) o repositorios institucionales en los que se cuelgan pre-prints de los artículos o incluso artículos ya publicados en revistas.

Naturalmente estos movimientos plantean un difícil ajuste con los procedimientos actualmente asumidos de valoración y evaluación de la ciencia que se basan en la publicación en revistas de alto índice de impacto, y en las citas de otras revistas a artículos publicados en las mismas. En un entorno abierto esto resulta más difícil. Lo que es evidente es que estamos ante un rápido cambio de paradigma en el que, necesariamente, el coste para los productores de la información del acceso a la información que ellos mismos producen, no sea tan gravoso, particularmente cuando esa información se ha generado en la mayoría de los casos con dinero público.